martes, 5 de marzo de 2013
SESIÓN CU ULA 04.03.13
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Mérida, 4.3.13
Estimados universitarios
A Continuación hacemos llegar ante ustedes algunas de las incidencias de lo ocurrido en la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de la ULA, celebrada el lunes 4.3.13. Se sugiere que esta información sea leída considerando que es producto de las apreciaciones y de las notas tomadas por el suscrito durante la sesión del CU. No pretende, en consecuencia, sustituir el Acta oficial del CU, ni ser una transcripción exacta de lo ocurrido en la sesión. Se destacan sólo algunos aspectos, no necesariamente en el orden de ocurrencia.
Hora inicio: 8.25am
Se leyeron los votos salvados. El Secretario leyó voto salvado por parte del suscrito. Donde se destaca, entre otras cosas, que se está intentando dilatar la elaboración de un nuevo reglamento electoral y convocar a elecciones, así como menciona a los que se oponen en el CU a que se elabore el nuevo reglamento apegado a la LOE.
El Rector señaló que no hubo CNU. Le preocupan dos cosas. Saldo inicial de caja y CPTM. También informó que había nueva directiva de AVERU. Él quedó como vicepresidente. Rectora de UCV, Presidenta.
Sobre IV Traspaso Presupuestario 2013. Quedó diferido para próximo CU.
El Rector dijo que se estaba analizando la situación de suplencias en vacaciones. Se seguirá resolviendo los casos.
Se entregó un libro a los consejeros. Ganadores del XXI Concurso: Cuento, ensayo y poesía, año 2010.
El Decano de FACES, dijo que extraoficialmente tenía información que se estaban rechazando las compras por parte de los proveedores, debido a la devaluación. Preguntó sobre informe solicitada al Servicio Jurídico, para el caso de la aplicación del 6649. La Asesora Jurídica dijo que se entregará la próxima sesión. El representante profesoral, Rivas, dijo que deberían denunciarse que los proveedores están especulando.
Se recibirá al Prof Ali Rosario, de Servicio Generales, la próxima sesión a las 9.am.
Sobre cambio de dedicación de tres profesores de Fac. de Humanidades y Educación. El Decano señaló la importancia de hacer dichos cambios. Son profesores altamente calificados y los recursos para tal fin están certificados. La Vicerrectora Académica señaló, entre otras cosas, que la disponibilidad de recursos depende de la no renovación de un contrato. El
Rector dijo que en octubre se recibió informe de la Auditoría, donde se establecían los tiempos para hacer dichos cambios de dedicación. Se levantó la sanción, con 25 votos. Se aprobó la solicitud de la facultad.
El resto de la sesión se desarrolló, más o menos, en los términos siguientes:
1. Sobre comunicado de hechos violentos ocurridos el mes de enero en la ULA Táchira. El suscrito dejó constancia que no compartía el comunicado en su totalidad. Destacó que no podía ser considerada pacífica una protesta donde se obstruían las vías de comunicación, se quemaban cauchos, donde se lanzabas piedras a los vehículos, donde había heridos. Con este comunicado se está apoyando a unos encapuchados, o no, que destruyeron la casa de FUNDAFAMILIA, lo que incluso obligó a mudarla de allí. Un sitio donde se atienden personas con serios problemas, niñas violadas, entre otros. Se destruyó un vehículo. No se mostraron las pruebas de la presunta violación del recinto universitario, tal como se había prometido aquí, cuestión que no se había hecho por presuntos problemas de edición. Criticó que en ese comunicado se estuviera ofreciendo apoyo jurídico a estas personas que actuaron con tanta violencia. Insistió en que constara en acta que no compartía el documento.
El Decano de Farmacia y Bioanálisis dijo que en efecto debería rechazarse la violación del recinto. Pero el comunicado no refiere para nada las acciones violentas de los que actuaron en contra la ciudadanía y la propiedad pública y privada. Se manifestó en desacuerdo con el comunicado, por no destacar la realidad, sesgado.
El Decano de Ciencias señaló que no tenía problemas en cuanto a lo referido al profesor Omar Pérez Díaz, pero no compartía que sin pruebas ni investigación se consideran algunas acciones, sobre todo los que se amparan en la ULA para generar violencia.
El representante estudiantil, Inder, dijo que rechazaba la violencia. El Prof. Alfonzo Sánchez prometió un video, que estaba sin editar, dijo. Pidió, que si tenía las pruebas, las mostraras. No comparto el comunicado, pues justifica la violencia, por no estar de acuerdo con la decisión del TSJ. No se puede agredir las instalaciones públicas y privadas. Se habla de derechos humanos, pero vimos en imágenes como niñas y mujeres salieron llorando de FUNDAFAMILIA. Condenemos la violencia, pero completa. No se está diciendo la verdad.
La máxima autoridad del NUTULA, indicó entre otras cosas que ratificaba su posición como universitario en contra de la violencia. Pero estos hechos son condenables. Los hechos se refieren al NUTULA. Los condenamos. Pero son personas que deben asumir sus responsabilidades. Que sin son encapuchados….(¿?), son hechos vividos por personas que vivimos y vamos a la universidad, indicó. Pidió al CU solicitar los videos. El recinto sí fue violado por la fuerza pública. Lo sucedido en FUNDAFAMILIA los condeno, pero doy fe de que no hubo estudiantes de la ULA allí. Viví una parte de lo sucedido. Se puso al escarnio público al Prof. Omar Pérez Díaz. El ciudadano gobernador envió un escrito buscando el diálogo para solventar esta situación. Se han dado reuniones en la gobernación sobre esta materia.
El Decano de Humanidades y Educación señaló que había pedido los videos a un destinatario (¿?), quien le pedía ver un video. Se mostraba a unos estudiantes tirado en el piso, recibiendo una paliza que le estaban dando al estudiante. Se podía ver el tono conciliador y de reposo por parte del Prof. Omar Pérez Díaz. Este fue un hecho aislado, no respondía a las directrices de los cuerpos de seguridad. Refirió un artículo del Dr. Mario Valero, donde rechazaba que el NUTULA era un espacio de paramilitares, de venta de drogas, entre otros. No estamos apoyando actos violentos en contra de FUNDAFAMILIA.
El Rector preguntó si la comisión había visto los videos.
El representante profesoral, Rivas, dijo no haber visto los videos de presunta violación del recinto universitario. También vieron el video de ataque a FUNDAFAMILIA. Otros miembros de la comisión, por el contrario, dijeron sí haberlo visto (¿?).
El representante profesoral, Rivero, dijo que el remitido se refería a un desagravio en contra del Prof. Omar Pérez Díaz. Pidió ratificar el objetivo del remitido.
El representante profesoral, Montilla, dijo que la propuesta de la comisión era en apoyo al Prof. Omar Pérez Díaz, por los ataques del gobernador del Táchira. A eso se avocó la comisión. Lamento que se diga que no estamos apegados a la verdad.
La representante estudiantil, Gina, dijo que había que tener moral para exigir la verdad. Hay 23 estudiantes condenados por el gobernador, pero nadie lo dice aquí. Sí hubo penetración dentro del recinto. Sí vi como golpearon a un estudiante. Debemos ser ulandinos, por encima de todo. Ciertos representantes de este consejo defienden su causa política y no son ulandinos, afirmó.
El Decano del NURR dijo que la comisión tenía como misión elaborar un remitido para expresar un desagravio al Prof. Omar Pérez Díaz, pero el remitido no refleja eso. Hay un claro sesgo.
El representante profesoral, Rivas, dijo que la protesta estaba en la ley. Denunció que el Prof. Pedro Montilla, cuando se reunió la comisión, ya tenía un documento elaborado, no fue producto de la discusión. Me mantuve en la comisión por ser responsable. No estuve de acuerdo con el documento. Se destaca la violencia por parte de los organismos represivos del Estado, pero la protesta no fue pacífica, hubo encapuchados, se dice que hubo disparos. Por qué no podemos decir que extraños violan la autonomía universitaria, preguntó. Que no son necesariamente los cuerpos represivos del Estado, los que violan el recinto. Si la policía entró, lo rechazo. Había gente que ya había allanado y lanzó morteros, entre otras cosas. En los videos había confrontación de violencia. Defiendo las manifestaciones pacificas. Sí hubo violencia en contra de un estudiante. Pero también hubo una violencia, que no se rechaza en el comunicado. El documento sólo visibiliza la violencia de la policía, pero no la violencia desde adentro (ULA) hacia afuera. La violencia de los que adversan al gobierno es legal, la otra deslegitimada. Se utilizan los espacios de la ULA para amparar la violencia. Pidió a la máxima autoridad del NUTULA traer las pruebas. Rechazó la presencia de encapuchados.
El representante estudiantil, Inder, invitó a todos los que se oponen al gobierno y sus decisiones utilizar los espacios de la universidad, para el debate, como universitarios. Hacerlo con la palabra, con el verbo.
El Rector dijo que los miembros de la comisión sí vieron los videos. El representante profesoral, Rivas, de la comisión, dijo que no lo habían visto. La máxima autoridad del NUTULA dijo que lo traería.
Se aprobó el remitido. Con 19 votos. El suscrito salvó su voto. Otros miembros del cuerpo hicieron lo mismo.
2. Sobre violencia en La Liria, quedó para el 18 de marzo. 10am. Se invitará a los del servicio de vigilancia.
3. Sobre la situación de salud en la ULA. El representante profesoral, Andara, de la comisión señaló, entre otras cosas, que había una situación crÍtica en el sector salud. Manejamos una cantidad de dinero bastante grande, como para exigirle a las instituciones que ofrecen esos servicios. Tenemos unas de las coberturas más baja, de todo el país, con 6 mil bolívares a nivel de los profesores. Proponen fortalecer el CAMIULA. Deben buscarse, a través de PLANDES, mejorar la infraestructura. Hay un edificio por culminar. Tramitar reposición de cargos para CAMIULA. Saldar las deudas con las clínicas. Hay deudas desde el 2004. Establecer una relación entra la ULA y las clínicas. Hay malos entendidos. No se cuadra entre lo que dicen las clínicas que se les debe y lo que la ULA ha pagado. Por estos malentendidos se cierra el servicio.
Se hicieron varias preguntas. Entre otras respondieron. El Prof. Andara destacó cuál era la función de la comisión. Elaborar un diagnóstico sobre la aceptación de los miembros de la comunidad en las clínicas. La situación es crítica por falta de recursos. Nuestro HCM tiene de partida, sólo 6 mil bolívares, el personal del Ministerio es de 80 mil. El volumen de deuda que tenemos es gigantesco, con las clínicas. Se trata de optimizar el dinero disponible. Son opcionales, las diferentes mecanismos que tiene el profesor para abordar el problema de salud. Existen enormes deudas de los seguros del personal ATO. Se manejan varios montos, por varias vías, pero son insuficientes. El dinero es insuficiente, el que se nos descuentan. El edificio del IPP se está por terminar, es una opción.
Debe ser la ULA quien dé la cara ante las clínicas, para eso hay una comisión de salud del CU, continuó. Que sea con un buen criterio. Hay que hacer valer que tarde o temprano, la ULA siempre paga. Es difícil estar en cero. Claro hay problema por la llegada de recursos del gobierno. La clínica establece cuál monto de deuda es alto o bajo, eso es muy relativo. No se evaluó el monto cotizado, pero es tremendamente pequeño. Todas las clínicas se resisten a recibir pacientes. Pero están interesadas en establecer contactos. No hay que establecer convenios con los organismos que ofrecen servicios de salud de manera gratuita. El monto debería ser sin límite, indefinido. Ojalá se tuviera un monto indefinido. Se quiere negociar con el gobierno nacional. Debemos ir a un sistema de salud propio. Se necesita un espacio físico, empleados, entre otros. Se debe hacer una propuesta al gobierno nacional.
El Vicerrector Administrativo dijo que Odontología y CAMIULA no pueden comprar equipos, porque la comisión de licitaciones dije que son gastos suntuarios. El CAMIULA se resiste a recibir personal nuestro sino están inscritos, se comportan igual que las clínicas privadas, denunció.
El Rector dijo que el CU había aprobado la compra de todo. El 70% de lo que se atiende en CAMIULA es persona merideña. En el caso del quirófano, los médicos, CAMIULA trabaja como una clínica privada (!!!). El Rector dijo que debería invitarse al tema salud, a los miembros de la comisión, más un representante de la comisión de salud y Robert Lobatón del CAMIULA.
Quedó la discusión para la próxima sesión, a las 12 m.
4. Sobre PETRORINOCOS. Derecho de palabra. El Dr. Rafael Puerta señaló que representaban a un comité de jubilados, quienes al recibir los pasivos laborales habían tenido una diferencia de casi el 50%, incluyendo al personal AT y a profesores. Iniciaron una lucha, desde el 7 de enero, logrando ahora este derecho de palabra. Hemos recibido el apoyo de algunas autoridades. Como no había información al respecto, de parte del Rector, entonces solicitamos al representante del MPPEU, Prof. Heriberto Gómez, nos diligenciara una reunión en OPSU. En efecto, se logró tal reunión con la Profa. Tibisay Hung, con todo su equipo. En la reunión estuvieron presentes miembros del comité, el Prof. Heriberto Gómez y un miembro del personal de la DAP.
Entregaron un escrito a la Profa. Tibisay Hung, pidieron la instalación de una mesa técnica en Mérida, a objeto de precisar posible errores en el cálculo de los pasivos, continuó. Queremos dejar claro, que esta comisión no pretende sustituir al cuentadante de la ULA, al Rector. Agradeció a los directivos de la OPSU, de haberlos recibidos. De darse la mesa técnica, con personal especializado, se pudiera subsanar el problema actual, sería solucionárselo al personal activo de estos momentos.
El Licdo. Carlos Ruiz, del comité, expresó que quería reclamar sus derechos laborales. No queremos sustituir a las personas autorizadas. Que los gremios nos ayuden. Hizo un resumen de la reunión en OPSU. El problema es por el aspecto legal, no técnico. Hay un vacío legal, que involucra a varias universidades. Se van a estudiar los casos, les prometieron.
El Rector dijo que no fue invitado a la reunión. Reclamó por unas supuestas declaraciones de prensa dadas por el Dr.Puerta, donde lo mencionaba. Preguntó si alguno de los jubilados tenía errores en los datos. Si les habían entregado copia del instructivo.
Se hicieron varias preguntas. Entre otras respondieron. Dr. Puerta, dijo que en prensa se decía que al Rector se la había invitado, pudo haber sido un subterfugio de la periodista. Pero el Rector había dicho a un compañero que él había sido invitado a una reunión en la OPSU. Esa no fue, en todo caso, la información que yo di. En OPSU, nos hicieron ver que no se atendía, sobre este caso, sino era al cuentadante de la ULA, fue por apoyo del Prof. Heriberto Gómez que nos atendieron. A otras universidades les han atendido a sus autoridades. Nosotros no tenemos la data que ellos manejan.
En la OPSU, nos dijeron que la ULA hizo unos cálculos que crearon una falsa expectativa, cálculos que difieren en montos muy grandes, continuó. Se hicieron cálculos de acuerdo con instructivos de la OPSU. Se hicieron cálculos en función de la historia laboral. No manejamos aspectos técnicos ni legales. Es lo importante de la mesa técnica. Que se sienten ambas instituciones y de revisen las cosas. Queremos saber de dónde sacó la ULA esos cálculos, y de dónde sacaron esos cálculos los de la OPSU. En la reunión había técnicos, estadísticos, abogados, que nos atendieron muy bien. No queremos pelear con nadie. Queremos aclarar las cosas.
El Lcdo. Ruiz, dijo que el problema legal, pues la aplicación del la Ley del Trabajo para los casos a partir del 2001, era la del 1997, esta fue la que la ULA aplicó. Del 2001, para atrás los problemas son puntuales. Por ejemplo, un AT que pasó a docentes, había que calcular. A partir del 2001 la cuestión es diferente. Tenemos una carta dirigida al Rector donde le entregamos un informe. Se hacen varias propuestas. La instalación de una mesa técnica. Piden que el comité esté en su carácter de observador. Piden un informe jurídico, del carácter legal de las discrepancias. Que los expedientes no sean cerrados hasta que no se aclare esta situación. Hay un informe de alto nivel, donde estaba incluso nuestro Rector, aclara todas las situaciones de los pasivos laborales, pero no fue aprobado por los pasivos laborales. Eso nos lo dijeron en la OPSU. No conocemos el instructivo, pero no tenemos las competencias legales para tenerlo. La Ley del Trabajo del 1997, es lo aplicado por la ULA, pero en la OPSU creen que eso no es lo correcto. OPSU, acogió nuestra propuesta de instalar dicha mesa. Son 260 afectados, sólo en la ULA.
El Rector dijo que en CNU, varios rectores exigieron a Tibisay Hung cumplir. Ellos están claritos que es lo que está ocurriendo. La ULA no creó falsas expectativas. Castejón no presentó el informe. Hubo un informe final que redacté yo mismo. Tibisay Hung nunca lo presentó. Como vamos a cerrar el expediente, preguntó. La propuesta es bien pertinente. La solicitud debe ir no sólo a Tibisay Hung, pero que sea dirigida al CNU. Para que nos expliquen la metodología. No puedo estar de acuerdo con lo de cerrar los expedientes, porque aquí no se cierran. Amén de estos comentarios malsanos de una nota de prensa, estoy de acuerdo con lo que están proponiendo ellos. Con la data no hay problemas, el problema está con los cálculos. El problema con la nueva ley, usted deja de cobrar intereses de prestaciones.
El CNU le pidió a Tibisay Hung coordinar la comisión. Que en la mesa técnica no esté sólo el Rector, sino también otros miembros de la comunidad de la ULA. Hacerlo con urgencia.
El Decano de Farmacia y Bioanálisis, pidió incorporar a los miembros del comité.
El suscrito recordó que en una oportunidad él había propuesto en el CU, que no se entregaran estos cálculos a los interesados, pues podía crearse falsas expectativas; ya que no se tenía claro la fórmula que aplicaría OPSU, así ocurrió, tal como lo acaban de expresar los miembros del comité les indicaron en OPSU.
Se aprobó la solicitud de los miembros del comité.
Creo que Tibisay Hung tiene que dar la cara, enfatizó, con mucha fuerza el Rector.
5. Sobre caso de persona que se graduó en la ULA y luego fue cuando entregó el título. El Secretario señaló que era el caso de une señora, que ingresó hacía años a la ULA, de los comités de graduados. Terminó sus estudios, pero le faltaba el título de bachiller. Ella, al parecer, tuvo problemas para graduarse de bachiller. Se matriculó en odontología en 1983. Ahora presenta su título de bachiller, año 2012, se graduó de bachiller en 2006, para efectos de cerrar expediente para graduarse. Se sugiere iniciar un expediente. Se considera una conducta que raya con lo legal, por presunta estafa, entre otras cosas.
Se hicieron varias preguntas. El Secretario respondió, entre otras, que no sabía porque la aceptaron. Ingresó a estudiar en U-1983. Terminó sus estudios en 1996. Solicitó el grado en 1998. Pero OCRE pidió no procesarlo, en ese entonces. En el escrito que envía su abogado, ella tiene un cargo como asistente, no como odontólogo, en el estado Yaracuy. La van a botar, por no tener título.
La representante de los egresados, al mismo tiempo Presidenta del Colegio de Odontólogo de Mérida, señaló que de no estar registrada como odontóloga el colegio no puede hacer nada.
El Rector dijo que no podía afirmar que esta persona estaba cometiendo un fraude. Han ocurrido casos de personas que cuando están a punto de graduarse, resultan no tener todas las materias cursadas en su bachillerato, a pesar de tener el título de bachiller, afirmó. Pidió a los consejeros no formarse una mala imagen de nadie.
El Decano de Odontología, señaló que la planilla de la bachiller, no tiene ni firma, ni sello, ni nada en OCRE. Fue parte de un grupo de estudiantes que ingresaron cuando Caracciolo, quien recogió en una esquina las planillas y las consignó en OCRE. Ella tuvo problemas con su liceo, pues desapareció. Al fin pudo terminar su bachillerato en la Misión Sucre.
El representante de los jubilados, Díaz Miranda, señaló que el caso es grave, pues demuestra que sin ser bachiller alguien se puede graduar en la ULA, puede aprobar las materias en la Universidad.
El representante profesoral, Rivas, dijo que tal vez eran las prácticas de esos entonces. Ella asume con valentía su situación. Hay que estudiar el caso en el contexto histórico.
Se decidió. Aprobar el informe del Servicio Jurídico.
6. Sobre el caso de los profesores de la Fac. de Medicina, Luis Hernández y Pedro Rada, quienes solicitan diferir sus jubilaciones. El Rector dijo que había que levantar sanción.
El representante profesoral, Rivas, pidió que el tema fuera discutido, antes.
La Vicerrectora Académica pidió discutir el tema, pues ello pidieron paralizar el procedimiento de la jubilación.
El Rector propuso al Secretario traer una explicación para la próxima sesión. Y levantar sanción. Así quedó.
NOTAS:
a. ¡El quirófano del CAMIULA funciona como una clínica privada!. ¿Y cómo es eso?. ¿Los equipos, los médicos, las enfermeras, los obreros, empleados que trabajan en esa parte privada del CAMIULA, no son equipos y personal de la ULA entonces?. ¿O si lo son?. ¿Ese quirófano privado paga a la ULA?. ¿Son ingresos propios?. ¿Quiénes operan allí y cobran?. ¿Son profesores y empleados a dedicación exclusiva de la ULA?. ¿Es legal todo eso?.
b. VOTO SALVADO DEL SUSCRITO EN MATERIA ELECTORAL:
San Cristóbal, 27.02.13
Ciudadanos
Prof. Mario Bonucci, Rector de la Universidad de Los Andes
Prof. José María Anderez, Secretario de la Universidad de Los Andes
Presente.
ASUNTO: VOTO SALVADO
PUNTO DE AGENDA: SOBRE MATERIA ELECTORAL. MANDATO DEL TSJ
Salvo mi voto, en todas las decisiones que se tomaron en la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes del día lunes 25.02.13, sobre la materia electoral de la Universidad de Los Andes, puesto que con esas decisiones el Consejo Universitario está desacatando un mandato del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela, que ordena al Rector de la Universidad de Los Andes convocar, en un lapso perentorio, al Consejo Universitario y elaborar un nuevo reglamento electoral, adecuado a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación.
Entre otras cosas, con la decisión tomada por este máximo organismo de la Universidad de Los Andes, de delegar en las facultades y a las asambleas tal mandato, se entró en desobediencia y se retrasan los lapsos de tiempo establecidos en el mandato del TSJ. Pero además, considero un absurdo que este máximo organismo haya aprobado solicitar una prórroga de seis meses al TSJ para responder a dicho mandato. ¿Es eso legal?. Particularmente considero que el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes no tiene tales competencias, debiendo, por el contrario, acatar, sin dilación alguna, el mandato impuesto por este máximo organismo del Poder Judicial venezolano.
Solicito, mediante este voto salvado, quede asentado, en todos los registros oficiales del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, mi postura permanente y deseo expreso e irrevocable de querer acatar este mandato del TSJ, al cual me acojo de manera absoluta y en su totalidad; tal como queda demostrado con este voto salvado y con mis intervenciones y posturas fijadas en todas las sesiones del Consejo Universitario donde he tenido participación sobre este asunto, según puede constatarse en las grabaciones del Consejo Universitario, en las actas respectivas y declaraciones de prensa.
De igual manera, deseo dejar constancia que comparto y acepto en su totalidad y sin objeción alguna, lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, Art. 34, numeral 3, pues considero un gran logro para la democracia universitaria que miembros de la comunidad universitaria, como obreros, empleados y profesores universitarios, sin importar su escalafón ni condición laboral, así como los estudiantes, puedan participar todos, en igualdad de condiciones, en la escogencia de las autoridades universitarias. Cuestión a la cual se oponen, lamentablemente, algunas autoridades rectorales (el Rector y el Secretario), algunos decanos (Humanidades y Educación; Odontología, Arquitectura y Diseño; FACES; Arte; NUTULA; Cs. Forestales y Ambientales y; Medicina) (ver por ejemplo: “Decanos de la ULA ante recientes decisiones del TSJ”. En: http://uvero.adm.ula.ve/prensa/index.php/decanos-de-la-ula-se-pronuncian-ante-recientes-decisiones-del-tsj/) y algunos miembros del Consejo Universitario activos en estos momentos (Angel Andara, Luis Rincón, Pedro Montilla, Juan Carlos Rivero, David Díaz Miranda y; David Silva) tal como consta en sus intervenciones en el Consejo Universitario, posturas fijadas y acciones de algunos de ellos en los tribunales en contra de la LOE y las decisiones de la Sala Electoral del TSJ.
Sin otro particular, quedo de Uds.
Dr. Heriberto Gómez
Delegado del MEPPEU ante el Consejo Universitario ULA
c. Un espaldarazo dio el CU, con el remitido aprobado, a los actos violentos en la ULA, con el caso de lo ocurrido en Táchira, claro, en este caso la protesta era en contra del gobierno nacional. ¿Y la condena que hace a cada rato el Rector a los encapuchados?. No aplica en este caso.
De Uds.
Heriberto Gómez
MPPEU ULA
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